En el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, que se celebra el 22 de julio, vale la pena recordar que en la IBERO Ciudad de México contamos con el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), que es un registro ordenado y categorizado de los daños al medio ambiente, los daños sociales y/o episodios de violencia generados en México a causa de proyectos extractivos, entre los que destacan la hiperurbanización y el extractivismo minero y energético.  

Puedes revisar el archivo en ocsa.ibero.mx, que actualmente abarca de 2017 a inicios de 2022, y cuya información está en constante proceso de actualización. Además, puedes consultar de manera gráfica en un mapa la distribución de cada uno de estos conflictos, cada uno con su ficha de información sintetizada y los links a las notas periodísticas de donde se extrajeron los datos al respecto. 

El OCSA busca “dar cuenta también de las violaciones a derechos humanos, de las empresas y organizaciones gubernamentales que están favoreciendo el despojo a las comunidades, de las instituciones gubernamentales que están permitiendo que se envenene el río, que se talen los árboles, que se están haciendo de la vista gorda de la violencia que generan los proyectos en las comunidades”, relata en entrevista la Mtra. Eugenia Legorreta Maldonado, Coordinadora del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI), uno de los tres programas de la IBERO involucrados en este proyecto. 

Observatorio en respuesta a la situación tan dispareja de poder 

La Mtra. Legorreta Maldonado señala que uno de los ataques hacia las comunidades que rechazan este tipo de proyectos es que “no quieren el progreso”. Pero explica que los términos progreso y desarrollo tienen muchos significados. “No para todos desarrollo es piso firme y techo de lámina. Hay formas de vivir que además son más inteligentes y más amigables con el medio ambiente”. En zonas donde el termómetro alcanza los 45° C, añade, el piso de tierra, el techo de palma y las paredes de adobe son calientes en invierno y frescos en verano. El pensar el desarrollo o el progreso en una sola línea es equivocado, advierte. 

Eso no quita que las personas deberían tener servicios que no tienen, destaca la especialista. “También tienen derecho a un camino que les pueda llevar a un hospital donde les atiendan decentemente si deciden acudir”. Cuando la Dirección de Incidencia de la Ibero empezó a ver esta situación tan dispareja de poder, decidió dar cuenta de lo que sucedía. 

“Revisamos los observatorios que había y había varios muy interesantes, como uno de Víctor Toledo y otro de Fernanda Paz; el problema es que no les dieron continuidad, sus investigaciones se quedaron solo en un periodo de tiempo”, explica la Mtra. Legorreta Maldonado. El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas fue el primero de la Dirección de Incidencia de la IBERO que comenzó a plantear la necesidad de un proyecto de esta naturaleza. 

Con el objetivo de dar cuenta de las afectaciones que los proyectos extractivos generan, “en primer lugar, a las poblaciones donde inmediatamente se establecen, pero en general a la vida”, el OCSA comenzó a gestarse en 2014; “hicimos un primer diseño que al final ya no se siguió, pero aprendimos un montón. En 2017 se unió el Programa Universitario para la Sustentabilidad, y ahora ya también el Programa de Asuntos Migratorios (Prami)”, relata la experta.  

Nada que no diga la prensa nacional 

La única forma que estos programas encontraron para armar un observatorio, siendo pocos y viviendo en una ciudad, fue a través de la información brindada por la prensa. “Ésta es información pública, nosotros no estamos diciendo nada que la prensa nacional no diga, sólo lo estamos organizando de otra forma”. 

En ese espíritu, decidieron consultar los diarios Reforma y La Jornada, y el semanario Proceso. “El primer ejercicio que hicimos nos salió mal porque nos faltó ser muy estrictos en la metodología para poder repetirlo. En primer lugar, ¿cómo decides qué notas separas y qué notas no? Porque hay muchas notas que hablan de proyectos, pero no de conflictos”, profundiza la especialista. 

Luego de leer las notas, hay un proceso de selección, luego de revisión, después de captura, luego otro proceso de aprobación de notas, volver a leer y a revisar para volver a discutir, y luego la validación. Actualmente la información de la segunda mitad de 2022 se encuentra en la etapa de validación, que podría concluirse a finales de este año. 

Cada mes, las y los miembros del OCSA realizan un artículo (sobre parques eólicos, defensa de la tierra y grandes construcciones, por mencionar algunos ejemplos) y publican infografías; además, en noviembre de 2022 presentaron su primer Informe (que consigna 761 proyectos extractivos que provocan afectaciones socioambientales). 

También están trabajando en textos para el Laboratorio por la Paz del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), sobre extractivismo y constructividad socioambiental. Y con información del OCSA están participando en la defensa de territorio en Guayacocotla, en el norte de Veracruz, donde hay una radio por parte de una misión jesuita. 

En colaboración con la Clínica jurídica Berta Cáceres, también de la IBERO, trabajan en la afinación de categorías como los mecanismos legales de despojo. Asimismo, acompañan un pequeño observatorio en Chihuahua, que tiene las mismas categorías pero que están leyendo tres periódicos locales. Con información de este tipo, aquí se registran hasta el doble de los conflictos que detecta el OCSA de la IBERO en la misma región. 

¿Conocías todo este trabajo de investigación en torno a los conflictos socioambientales? 

Texto: Yazmín Mendoza 

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